Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación: "No he recibido la vacuna contra la COVID-19"

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, negó haber recibido la vacuna contra la COVID-19 luego de que se conociera que varios altos funcionarios públicos fueron inmunizados. Precisamente, su despacho abrió hace unos días una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

"Ante las informaciones malintencionadas e irresponsables que circulan en redes sociales en torno a mi supuesta vacunación reitero que no he recibido la vacuna contra la COVID-19 y rechazo tajantemente las informaciones tendenciosas que señalan lo contrario sin ningún fundamento", se lee en el comunicado de la titular del Ministerio Público.

En su pronunciamiento, Ávalos denunció "un claro afán de desprestigiarme", por parte de las personas que difunden estas informaciones, en un contexto en el que la Fiscalía de la Nación investiga al expresidente Vizcarra y a dos de sus exministras por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.

Vizcarra, Mazzetti y Astete investigados

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preparatoria contra el expresidente Martín Vizcarra y quienes resulten responsables por la aplicación que recibió de la vacuna contra la COVID-19. 

La titular del Ministerio Público adoptó esta medida, luego de que el exmandatario asegurara que él junto a su esposa fueron voluntarios de los ensayos clínicos para esa candidata a vacuna. Sin embargo, la Universidad Privada Cayetano Heredia (UPCH) negó su participación mediante un comunicado.

Días después la Fiscalía de la Nación anunció la ampliación preliminar sobre la aplicación irregular de las vacunas a funcionarios públicos e incluyó a las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete a fin de que ambas exfuncionarias sean comprendidas en la investigación preliminar.

Tanto Mazzetti como Astete serán investigadas por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

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