Columnista invitada | El reto de las políticas públicas con enfoque de género - por Alexandra Ames

Por Alexandra Ames 
Jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la EGP de la Universidad del Pacífico.

Los medios de prensa nos hacen ver lo alarmante que son las cifras de feminicidio en el Perú, sin embargo, pareciera que el Estado no tiene la capacidad de reaccionar frente a estas cifras.  Para evitar más feminicidios, debemos ir unos pasos más atrás y no sólo concentrarnos en la necesidad de sancionar efectivamente a quienes cometieron estos delitos.

Poco conocemos sobre las cifras de agresiones: estas son el eslabón previo, que desencadena la muerte y en donde ya no hay marcha atrás.

En el Perú, según la última Encuesta de Demográfica y Salud Familiar – ENDES 2018 del INEI, el 10.9% de mujeres entre 15 y 49 años manifestó haber sido violentada física y sexualmente por sus parejas en el último año. Esta cifra significa que 958,998 mujeres han sufrido violencia física y sexual últimamente. 2,627 mujeres al día, 109 mujeres por hora. No es posible dejar de ser empático con esta realidad.

A las mujeres no se les está matando o agrediendo para robarlas ni por ajustes de cuentas. Estas mujeres no son violentadas por delincuentes de la calle sino por sus parejas, por personas que alguna vez les dijeron que las amaban o las querían.

¿Qué hacer para acabar con la violencia? La respuesta no pasa necesariamente por aumentar el presupuesto público del Ministerio de la Mujer. Urge desarrollar un trabajo multisectorial que asegure la adecuada transversalización del enfoque de género en todas las políticas públicas del país.

Así mismo, para el diseño de las políticas públicas en esta línea, se debe haber identificado cuál es el problema que se busca resolver o la situación que se busca cambiar y, sobre ello, armar una cadena de valor que asegure resultados costo efectivos.

Todos los sectores están llamados a trabajar en esta lucha. Desde el lado del Ministerio del Interior, por ejemplo, urge no solo fiscalizar que los protocolos de atención se cumplan, sino que se debe sensibilizar al personal de las comisarías para atender con mayor empatía, diligencia y compromiso esta problemática.

Resulta necesario contar con un Registro Nacional de Agresores de carácter público, esta información no debe ser reservada. Todas las mujeres y la sociedad en general, tenemos derecho a saber quiénes son nuestros vecinos, las personas que contratamos o que nos emplean, nuestras nuevas amistades o futuras parejas.

Desde el lado del Ministerio de Trabajo, resulta un imperativo que se impartan programas de generación de autonomía económica para así empoderar a las mujeres y cortar los lazos de dependencia de aquellas madres que están dispuestas a aguantar golpes solo porque sienten que no tienen otra forma de conseguirle un pan a sus hijos.

El Ministerio de la Mujer, como ente rector, debe asumir un mayor liderazgo en este tema. No un liderazgo mediático (que se limita a dar declaraciones cada vez que hay un feminicidio), sino un liderazgo ejecutivo. No es posible que dentro del mismo sector se haya identificado a trabajadores agresores, como es el caso de un guardia de seguridad del MIMP que asesinó a su pareja o un abogado de un Centro de Emergencia Mujer que violó a una niña de una madre agredida que se acercó a este funcionario para pedir ayuda.

¿Cómo es posible que el MIMP tenga esta clase de personal? Si no podemos controlar lo que pasa dentro de nuestro propio sector, menos vamos a poder implementar políticas públicas efectivas a nivel nacional.