Aumentan casos de violencia sexual y embarazo infantil en regiones de la selva

En lo que va de 2023, más de 800 niñas menores de 14 años se han convertido en madres en nuestro país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud. Casi la mitad de estos casos se ha reportado en regiones de la selva, lo que -según especialistas consultados por RPP Data- se debe al poco acceso que tienen estas localidades a los servicios de prevención y reacción frente a la violencia sexual. 

Es importante resaltar que el consentimiento para tener relaciones sexuales en nuestro país se da a partir de los 14 años en adelante, según la ley de indemnidad sexual, por lo que cualquier tipo de relación sexual con una menor de 14 años es considerada violación. Esto puede llevar hasta 35 años de prisión si la víctima tiene entre 10 y 14 años o cadena perpetua si es menor de 10 años, como indica el artículo 173 del Código Penal. 

"El embarazo y la maternidad son el detonante para identificar que una menor ha estado siendo sexualmente abusada durante periodos prolongados (...)", explica Hugo Gonzáles, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú.

En Loreto, los embarazos en niñas entre 10 y 14 años se han incrementado en los últimos cuatro años, según registros del Minsa analizados por el UNFPA. En su Mapa del embarazo en niñas y adolescentes, detallan que en el 2019 se registraron 188 nacimientos en niñas de 10 a 14 años dentro de esta región, mientras que en el 2022 la cifra aumentó a 230. En Ucayali ocurrió algo similar; pasaron de 175 a 188 nacimientos en el mismo periodo de tiempo. 

Violencia sexual frustra proyecto de vida de las menores 

Entre enero y agosto de este año se han registrado más de 13 mil denuncias por violencia sexual en menores de edad, según cifras del Ministerio de la Mujer. El 23% de estas denuncias ocurren en regiones de la selva como: Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios. 

“Desde el 2017 hasta la fecha ha habido una tendencia ascendente en las denuncias y atenciones por violencia sexual, pero [que haya mayor incidencia de estos delitos en la selva] no se debe a un tema antropológico. Existen diferencias socioeconómicas y geográficas en estos territorios y también existe menor acceso a la educación, a los servicios de salud y a la justicia, lo que ocasiona la impunidad”, sostiene Gonzáles.

Por su parte, Luisa Martínez, oficial de género y desarrollo de UNICEF en Perú, explica que estas situaciones se dan [usualmente] dentro de casa, donde los abusadores son familiares, padres o personas muy cercanas a las niñas, lo que termina impactando directamente en su salud mental y proyecto de vida.

"El embarazo y la maternidad forzada en las niñas y adolescentes constituye una de las principales barreras que obstaculiza su escolaridad. El 22% de las adolescentes que interrumpen sus estudios lo hacen por el embarazo adolescente y eso genera que tengan que asumir roles que no les corresponde a su edad", refiere. 

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Protocolos para las víctimas no se aplican correctamente

El número de denuncias no evidencia la cantidad real de casos, asegura Arcadia Maguiña, coordinadora de Salud de la ONG Plan International. "Las personas no acceden a los canales de denuncia por falta de conocimiento, falta de credibilidad en el sistema de justicia y falta de aplicación de los protocolos establecidos para el manejo de los casos de violencia. En estos se señalan la articulación que debería existir entre el establecimiento de salud, el Centro Emergencia Mujer y el Ministerio Público", detalla. 

En la mayoría de casos, agrega Maguiña, no se están implementando correctamente los servicios de atención para las víctimas por negligencia de los funcionarios y las autoridades. "La población no conoce sus derechos, lo que la pone en mayor vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, los profesionales [que ven estos temas] no conocen información que deberían manejar a la perfección (...) y no existe un sistema de sanción y reparación en estos casos de negligencia", advierte. 

Por ello, es necesaria una acción multisectorial integrada, afirma Luisa Martínez, representante de UNICEF. "Necesitamos que educación invierte mejor en educación sexual integral, pero que a la vez, el sector salud también invierta en salud sexual y reproductiva y que protección mejore los servicios de prevención frente a la violencia", recomienda.