Amnistía Internacional condenó blindaje político a investigados por "flagrante represión estatal" en las protestas sociales de 2020

Amnistía Internacional condenó el archivamiento de la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y exfuncionarios de su gobierno por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y decenas de personas heridas en las protestas sociales de noviembre de 2020 en Lima.

Esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República rechazó el pedido de reconsideración de la medida que recomendó semanas atrás, y que fue aprobada, en su informe el cuestionado legislador derechista Alejandro Cavero, del partido Avanza País.

Los parlamentarios Edgar Reymundo (Cambio Democrático), Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), Quiroz Barboza (Bloque Magisterial), Jorge Flores (Acción Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Taipe Coronado (Perú Libre) votaron a favor de que se revise la decisión tomada por el órgano congresal el pasado 17 de junio.

En contraste, Rosio Torres (Alianza Para el Progreso), María Acuña (Alianza Para el Progreso), Alejandro Cavero (Avanza País), Martha Moyano (Fuerza Popular), Hernando Guerra (Fuerza Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) emitieron su voto en contra del pedido.

Blindaje político

En un comunicado, Amnistía Internacional expresó su preocupación que, en casos como este, donde "se registró y comprobó una flagrante represión estatal y violación de los derechos humanos, se decida blindar políticamente a los investigados por estos hechos".

"Se trata de un retroceso para la protección de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, que deja la puerta abierta a la impunidad", criticó.

Amnistía Internacional instó al Congreso de la República a ponerse de lado de la justicia y el develamiento de la verdad mediante una investigación fiscal que atribuya responsabilidades y permita a las familias acceder a justicia.

La denuncia constitucional contra Manuel Merino, el extitular del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, fue formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país.

Por su parte, César Muñoz, investigador de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), rechazó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales "de impedir una investigación completa sobre los abusos policiales de noviembre de 2020 y sus responsables". "Las víctimas, sus familiares y la sociedad peruana merecen verdad y justicia", remarcó a través de su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, la extitular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que el Legislativo continúa "en consenso y unidad para la impunidad" en favor del excontralor general Edgar Alarcón, los exfiscales Tomás Gálvez y Pedro Chávarry, el exparlamentario fujimorista Héctor Becerril y el exmandatario Manuel Merino. "Un Congreso que muestra desprecio por la justicia, no nos representa", dijo.