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por Roberto Silva
·El fujimorismo defiende la derrota de los grupos terroristas como uno de los principales legados del fallecido expresidente Alberto Fujimori, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos señalan la responsabilidad del exmandatario en crímenes como las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, delitos por los que fue condenado. Conozcamos más en el siguiente informe.
1990 fue un año muy difícil para el Perú. El Banco Central de Reserva informó que la inflación en 1989 llegó al 2 775.3 % y la producción nacional cayó en 12 % respecto al año anterior. Pero el problema más grave era el terrorismo, con la guerra declarada al país por la organización terrorista Sendero Luminoso el 17 de mayo de 1980, y a la que se sumó luego el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En 1990, año en el que Alberto Fujimori asumió la Presidencia de la República, hubo un incremento progresivo de la violencia. El MRTA había asesinado en enero de ese año al exministro de Defensa Enrique López Albújar. Además, Sendero Luminoso aplicó su insana estrategia de acentuar su ofensiva en las zonas urbanas, con ataques terroristas especialmente en Lima.
Los diferentes gobiernos ofrecieron recompensas de hasta un millón de dólares por información que llevara a la captura del cabecilla senderista Abimael Guzmán, pero también reconocieron la importancia de la labor policial de investigación en la lucha contra Sendero Luminoso. Por eso, en 1990, se creó el Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN), una unidad de investigación de élite de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía.
El GEIN realizó operaciones que permitieron intervenir inmuebles utilizados por los cabecillas y los principales grupos senderistas. Determinar su ubicación fue una tarea que exigía paciencia y estrategia, según afirmó Benedicto Jiménez, exjefe del GEIN.
Los agentes del GEIN recopilaron información sobre posibles escondites de Guzmán Reynoso, hasta llegar finalmente a una vivienda en la calle 1 de la urbanización Los Sauces, en el distrito limeño de Surquillo.
Con la certeza absoluta de la ubicación de Guzmán, el 12 de septiembre de 1992, los agentes llevaron a cabo la Operación Victoria, en la que participó el entonces comandante PNP Marco Miyashiro.
Al día siguiente de la captura, Alberto Fujimori presentó públicamente al detenido terrorista Abimael Guzmán y, a través de un mensaje a la Nación, afirmó que su gobierno seguiría una estrategia contra los grupos terroristas.
Un año después de sus capturas, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre solicitaron desde el penal de la Base Naval del Callao a Alberto Fujimori iniciar conversaciones que conduzcan a un acuerdo de paz. El entonces presidente dijo que la oferta no es admisible, porque no cabe negociación alguna con un grupo terrorista y genocida.
La toma de la residencia del embajador Morihisa Aoki
A partir de la captura de la cúpula senderista, hubo un declive notable de los atentados, sin embargo, los grupos terroristas siguieron sus acciones criminales. El 17 de diciembre de 1996, un comando del MRTA ingresó a la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki, donde había una celebración por el 63 aniversario del nacimiento del emperador de Japón Akihito.
Los terroristas mantuvieron a 72 personas como rehenes hasta el 22 de abril de 1997, cuando comandos militares ejecutaron la Operación Chavín de Huántar, que permitió la liberación de 71 de los rehenes. Fujimori lamentó la muerte del juez supremo Carlos Giusti Acuña y de dos comandos, a la vez que felicitó a los militares que participaron en el rescate.
En el marco de las acciones contra el terrorismo durante el Gobierno de Fujimori, la Comisión de la Verdad y Reconciliación advirtió el uso de procedimientos legales para asegurar impunidad para actos violatorios de los derechos humanos. El 18 de julio de 1992, ocurrió una incursión en la residencia estudiantil de la Universidad Enrique Guzmán y Valle que terminó con el secuestro y asesinato de nueve alumnos y un profesor. Un año antes, en noviembre de 1991, un comando paramilitar ingresó a una casona del jirón Huanta y asesinó a 15 personas.
La justicia peruana determinó que ambas matanzas fueron perpetradas por el grupo Colina, integrado por militares, y que el autor mediato era Alberto Fujimori, siendo condenado en abril de 2009 a veinticinco años de pena privativa de la libertad.
Alberto Fujimori siempre sostuvo su inocencia frente a los crímenes cometidos en los más de diez años de mandato. Además, defendió su estrategia antisubversiva al señalar que logró pacificar el país.
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Lo mejor que podría suceder es que su muerte no agrave las divisiones, sino, al revés, que sirva para dialogar y poner las energías políticas al servicio de la vida en común.
Roberto Silva Periodista
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