Indígenas amazónicos de Ecuador lanzan campaña para suspender actividades extractivas tras derrame petrolero

Las organizaciones indígenas de Ecuador han iniciado una campaña internacional que busca la moratoria de las actividades extractivas en sus territorios durante la pandemia del nuevo coronavirus, que deja hasta el momento en el país sudamericano 5 877 fallecidos y más de 90 000 infectados. 

La iniciativa "Ladrillo por Ladrillo", impulsada por las comunas Kichwas de Orellana, bases de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), exige la suspensión del bombeo del oleoducto que amenaza la supervivencia de las comunidades de la provincia de Sucumbíos, Orellana y Napo, debido a la erosión regresiva del río Coca por el derrame de hidrocarburos.

El pasado 7 de abril se produjo la rotura de una parte del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), así como de la tubería privada del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ocasionando derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, lo cual provocó, según las organizaciones indígenas, que unas 27 000 personas que habitan en la zona se quedaren sin agua y alimentos seguros en medio de la pandemia.

El Sote, una tubería de aproximadamente unos 500 kilómetros de longitud y que corre paralelo al OCP, opera desde la década de los setenta del siglo pasado y tiene la capacidad de transportar entre 250 000 y 360 000 barriles por día y une los campos de extracción, ubicados en Sucumbíos, con los puertos de embarque en la provincia costera de Esmeraldas.

Luego de aproximadamente 4 meses, el Gobierno de Lenín Moreno no ha remediado esta situación, por lo que las comunidades siguen siendo perjudicadas de forma directa. Ante este panorama, los afectados por el derrame petrolero de la provincia de Orellana han presentado medidas cautelares ante la Judicatura de la ciudad de Coca.

Por medio de esta acción, los pueblos indígenas del Ecuador exigen la inmediata suspensión del bombeo y el drenaje controlado de las tuberías petroleras, el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, así como, atención y reparación ante posibles inundaciones. De la misma manera, piden al Gobierno provisiones de agua y alimentos de manera estable hasta que el río recupere sus condiciones de normalidad.

"El Estado ecuatoriano ha violado sistemáticamente los derechos humanos y colectivos de pueblos indígenas, privilegiando los intereses corporativos y extractivos durante décadas. En el caso del derrame de petróleo del 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana, las autoridades estatales, compañías como EP Petroecuador y OCP e incluso el sistema judicial no han cumplido con sus obligaciones de atención, protección y reparación; por el contrario, han condenado a 27 000 personas a lo largo del río Coca y Napo en un contexto de pandemia a sobrevivir sin fuentes de agua y alimento y en precarias condiciones de salud", dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.