Canciller venezolana dice que policía la agredió en Buenos Aires y culpa a Macri

La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció ayer haber sido agredida por un policía a su llegada a la Cancillería argentina y por un funcionario en el interior del edificio, algo que calificó como "una venganza personal" del presidente Mauricio Macri "por lo que ocurrió en Asunción".

Esta afirmación hace referencia a un desencuentro que hubo entre Macri y la canciller Rodríguez durante la cumbre del Mercosur organizada en diciembre de 2015 en la capital paraguaya. En dicho evento, que fue la primera cita internacional de Macri como mandatario, este pidió la liberación de "presos políticos" venezolanos, a lo que la canciller venezolana, que representaba al presidente Nicolás Maduro en la reunión, respondió acusándole de injerencia y de tener una "doble moral".

En declaraciones a la prensa en un acto en el Instituto kirchnerista Patria, la ministra explicó que la agredieron en "términos muy extremos" cuando se plantó ante la policía. "Frente a los escudos levanté las manos y dije 'soy la canciller de Venezuela' y en ese momento no me di cuenta y un policía me golpeó al igual que al resto de mi delegación", contó Rodríguez, que añadió que cuando intentó después ingresar a la sala donde estaban reunidos los cancilleres de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, un funcionario la tomó por el brazo y la sacudió. "En ninguna parte del mundo, nunca, se había recibido a unos cancilleres con piquetes antimotines y se había golpeado a una canciller y a su delegación oficial", dijo ante la prensa con un vendaje oscuro alrededor del antebrazo.

Nadie la recibió en Buenos Aires. La ministra venezolana acudió ayer a la Cancillería de Argentina en Buenos Aires para asistir a un encuentro entre los cancilleres del bloque del Mercosur al que no había sido invitada. Esto debido a que Venezuela, que se adhirió al bloque en 2012, fue cesada a principios de mes por supuestamente no haber cumplido el Protocolo de Adhesión, una decisión que el Gobierno de Maduro rechazó al considerarla "ilegal".