Fiscal sobre tragedia en Los Olivos: No se ha hallado todavía evidencias de uso de gases lacrimógenos, "pero no descartamos nada"

El Ministerio Público informó este domingo que no se ha hallado hasta el momento evidencias de uso de gases lacrimógenos en la discoteca llamada Thomas Restobar, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos, donde murieron doce mujeres y un hombre asfixiados.

"Preliminarmente, de las diligencias que se han realizado, de acuerdo a los productos, no se han encontrado. Todavía no, pero no descartamos nada", dijo una fiscal de turno que realizó diligencias de investigación junto a peritos de Criminalística y personal de Homicidio de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La representante del organismo público estuvo durante unas cuatro horas en el lugar de los hechos y recogió una serie de evidencias, entre ellas prendas de vestir y zapatillas dejadas por las víctimas, para el esclarecimiento del caso. "Se ha hecho una descripción complementaria de la escena del crimen con peritos toxicológicos e ingeniería forense y se ha podido recabar muestras. Vamos a continuar investigando", dijo.

Varios testigos de la intervención policial en el establecimiento aseguraron que los policías emplearon gas lacrimógeno y realizaron disparos para dispersar a los asistentes a la fiesta; sin embargo, el Ministerio del Interior negó rotundamente la acusación.

La Defensoría del Pueblo señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público deberán investigar, en el más breve plazo, si el operativo realizado en la discoteca Thomas Restobar cumplió con los protocolos de seguridad.

"Más aún, tratándose de la intervención de decenas de personas en un local hacinado que contaba con una sola puerta de evacuación. Es obligación de las autoridades respetar, en todo momento, la seguridad e integridad de las personas intervenidas, aun si estas se encuentran infringiendo la ley", indicó la entidad en un comunicado.

La entidad urgió a las autoridades judiciales realizar una pesquisa exhaustiva del caso y aplicar las máximas sanciones penales y administrativas contra quienes resulten responsables. "Los empresarios involucrados en la organización de este evento deben recibir una sanción ejemplar que disuada a otros de cometer actividades similares", agregó.