Tragedia sin resolver: un año del derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla

Incertidumbre. Esa es la palabra que usa Miguel Angel Núñez para describir su vida actualmente, tras cumplirse un año del derrame de 11 900 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, en el Callao.

Natural de Ayacucho, encontró en el mar de Ventanilla un estilo de vida y el sustento necesario para sostener a su familia. Hasta ese trágico 15 de enero del 2022, Miguel se desempeñaba como pescador a tiempo completo.

Después de esa fecha, él y sus compañeros de la Asociación de Pescadores Fundadores Armadores Estibadores Artesanales de la Playa Bahía Blanca no han vuelto a trabajar en pesca.

“No estamos laborando nuestra jornada de trabajo en la playa, porque sabemos que la playa está contaminada y las especies que capturamos, ahora ya no hay esas especies. Ya va a ser 365 días que estamos sin trabajar de nuestra jornada”.

Este daño ha intentado ser reparado a través de adelantos de indemnizaciones con montos de S/ 3 000 por parte de la empresa Repsol para los más de 10 000 afectados por derrame de crudo. Sin embargo, Miguel Angel sostiene que el dinero que le ofrecieron no es suficiente para resarcir sus pérdidas. A diferencia de algunos de sus compañeros, él no llegó a un acuerdo con la empresa, pues considera que primero debe establecerse el tiempo que demorará en volver a las actividades pesqueras.

"Como nosotros somos pescadores de la rivera, somos de pesca selecta de pescados blancos, nuestra utilidad mínimo diario es un promedio de 350, al mes te sale 10 000 soles mensuales. Entonces, nosotros hemos interpuesto una demanda a la empresa y las autoridades tendrán que decir en cuánto tiempo se podrá volver. Si dicen, por ejemplo, que demorará 10 años, entonces esos 10 000 mensuales se multiplica por 10 y ese es el monto que nos corresponde. Lo que ellos están haciendo con nuestros compañeros es un abuso", dijo.

¿Compensaciones justas?

Por su parte, Luis Vásquez, vocero de Repsol, indicó que se han alcanzado acuerdos con 7 000 de las 10 186 familias empadronadas en la lista única de afectados. Según él, dentro de esos acuerdos hay una cláusula que asegura una nueva indemnización de ser requerida.

“Empezamos dando adelantos de compensación de 3 000 soles cada mes, pero eran adelantos de compensación. A medida que iba avanzando el tiempo y que íbamos terminando las mesas de diálogo, los acuerdos, los estudios por tipo familiar, comenzábamos a cerrar montos por indemnización total del año. Está reflejado en el acta que firman todos los afectados cuando firman sus acuerdos que si la prohibición de sus actividades continúa, se determinará otro monto de indemnización”

Para Juan Carlos Riveros, científico de Oceana Perú, no hubo un acompañamiento adecuado de parte del Estado para asesorar y respaldar a las personas afectadas por el derrame.

“El Estado no ha hecho absolutamente nada para decirles a los pescadores cuánto perdieron y cuánto debieron recibir si efectivamente la compensación tiene ese espíritu. Por su parte, lo que ha hecho la empresa, es hacer sus propios estudios y, según eso, ellos han dicho: 'bueno, tú ibas a pescar 15 meses más y tu pago por esos meses es X miles de soles'", expresó.

Pero al sentimiento de abandono que tienen los pescadores por parte del Estado, se suma la incertidumbre del daño ecológico. Según Juan Carlos Riveros, todavía falta completar la limpieza y existe el peligro de que, a través de los peces, los residuos de hidrocarburos puedan ingresar a la dieta alimenticia.

"Desgraciadamente, sí es posible que los peces vayan acumulando estos hidrocarburos y que, eventualmente, puedan ingresar a la dieta de otros peces e incluso la nuestra. Falta completar la limpieza. Por el lado humano, la situación no es más alentadora. Luego de un año, tenemos que la mayor parte de los pescadores aún no salen a pescar, porque no están seguros de la inocuidad del pescado que puedan obtener", manifestó.

No obstante, el vocero de Repsol sostuvo que los últimos estudios hechos por la empresa muestran que las playas y el mar ya están aptas para el ingreso humano tanto para recreación como para actividades extractivas.

“Lo que está pasando en este momento es que OEFA emite un informe en octubre, pero ese informe se hace en base un muestreo que se sacó entre febrero y junio del año pasado y, lamentablemente, ese informe está siendo usado de referencia por las otras instituciones como parámetro para tomar una decisión de prohibición de actividades. Creemos que ya hay suficiente evidencia científica para retomar las actividades”, refirió.

El petróleo en Pasamayo

A un año del derrame de petróleo, Repsol indicó que la zona de Pasamayo, en el norte del país, aún no ha podido ser limpiada en su totalidad debido a las condiciones inaccesibles para los métodos tradicionales de limpieza de hidrocarburos.

"Son estas zonas donde no puedes entrar con todo el equipo de trabajo, porque exponemos a la gente. Una persona puede entrar, pero no un equipo ni con todos los recursos que se necesitan. Esta zona de Pasamayo es un abismo, pero no podemos poner en peligro al equipo. Intentamos por mar, por tierra e incluso por helicópetero y nos fue imposible", explicó Vásquez.

En Pasamayo, apuntó, se está empleando otro método de limpieza que toma mayor tiempo. "Siguiendo las recomendaciones internacionales, estamos empleando este otro procedimiento que es esperar que se desprenda [el hidrocarburo] por la corriente de olas y atraparlos cuando pase, y en ese trabajo nos está ayudando el científico Marino Morikawa", afirmó.

Si bien el vocero de Repsol insistió en que en esta zona, el mar se encuentra apto para retomar las actividades de pesca, los pescadores de Pasamayo señalaron que no se dan las condiciones adecuadas, sobre todo porque en las playas hay restos evidentes de petróleo.

"Es la playa lo que aún nos falta limpiar, debido a las condiciones inaccesibles", reconoció Vásquez. Aún no hay un plazo definido para poder concluir con las labores de limpieza de esta zona. 

A la fecha, la compañía petroquímica acumula 12 sanciones por parte del Estado peruano. De estas, las 6 multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental suman más de 70 millones de soles. Tres de estas sanciones han sido apeladas por la empresa, debido a una “repetición” de la penalidad de parte de las instituciones.

Mientras tanto, el último reporte de la OEFA registró 77 sitios afectados, entre playas, islas y áreas naturales protegidas. Científicos como Juan Carlos Riveros aseguraron que no existe un plan para evitar daños similares ante un nuevo accidente de este tipo y pescadores como Miguel Angel aún están a la espera de recuperar lo que el derrame les quitó.