1200 policías, 300 militares, 500 millones de soles, 13 ministerios articulados. Son las cifras con las que el Gobierno renueva sus esfuerzos para recuperar el Estado de derecho e implementar el “Plan Integral frente a la minería ilegal en Madre de Dios” que inició el martes 19 de febrero con el megaoperativo “Mercurio 2019”, desalojando ilegales del sector más emblemático de la minería ilegal en Madre de Dios, denominado “La Pampa”.
En estos momentos, ya cualquier peruano sabe lo que trae consigo esta minería ilegal: trata de personas, explotación infantil, gravísimos daños a la salud humana por mercurio, corrupción y mafias, deforestación y pérdida de especies y hábitats valiosos, cursos de agua y ríos peligrosamente contaminados y que convierten a los pescados en inservibles para la alimentación, caos, violencia, sicariato, tristeza de muchos y beneficios de muy pocos: de los mafiosos, los sicarios, los corruptos.
Es claro entonces que, si el Perú se reconoce como un Estado soberano con jurisdicción sobre esta zona, recuperarla y llevarla a un estado de derecho es una prioridad nacional.
¿Qué es un Estado de derecho? Es un principio de gobernanza donde las leyes guían las conductas ciudadanas y se cumplen; las instituciones ejercen su rol; donde los usuarios deben acreditar un título para ocupar el territorio o realizar actividades extractivas; las actividades prohibidas son sancionadas y los ciudadanos tienen la seguridad de que sus derechos humanos, civiles, ambientales, laborales, entre otros, están debidamente protegidos.
La intervención en La Pampa es la primera fase de una estrategia que la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, ha dicho que es diferente de intervenciones anteriores, porque esta vez el gobierno está entrando ahí para quedarse. En estos mismos días hemos visto a la ministra y al presidente Martín Vizcarra en la zona explicando que quedarse tiene que ver con impulsar el desarrollo de la región. Y es que las 25 mil personas desalojadas de La Pampa, la población del departamento y en especial las poblaciones indígenas, requerirán de un plan de trabajo y desarrollo, donde la minería podrá ser una opción viable solo en aquellas zonas permitidas y bajo las condiciones correctas. El gran reto será construir modelos de desarrollo regional, que potencien una región maravillosamente dotada de biodiversidad y de servicios y productos asociados al bosque como el turismo, la castaña, la madera, etc. La riqueza de Madre de Dios está también en su diversidad cultural. Construir sobre las potencialidades del capital natural y cultural es la gran oportunidad del Perú de cara a nuestro bicentenario. En Madre de Dios ambos sobran.
Toca entonces respaldar esta recuperación de La Pampa, y acompañar los esfuerzos para reemplazar la destrucción por el desarrollo regional.
Para ello el gobierno debe ser muy transparente con la información, el gasto, los mecanismos para acceder a la formalización, a los créditos para actividades productivas. Se requiere también que las autoridades locales, judiciales y del Ministerio Público cumplan su función y recuerden su compromiso como servidores públicos. Que las empresas se sumen a un pacto necesario para eliminar las cadenas de suministro de maquinaria y combustible para actividades ilegales. Se requiere finalmente una sociedad civil y académica vigilante, objetiva, que informe y dé cuenta de lo que se avanza y de lo pendiente. A todos nos corresponde proponer soluciones y actuar bajo un Estado de derecho. Sólo así sumaremos a este gran esfuerzo para que el Perú esté realmente en Madre de Dios y en La Pampa, y que les aseguremos a sus habitantes un ambiente saludable y un patrimonio natural y cultural puesto en valor, gestionado de manera sostenible. ¡Así sea!
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