¿Se nos cayó un botón o se nos rompió un plato?

Vivimos un periodo de inestabilidad política, que sumado al impacto de la COVID–19, tendrá consecuencias en nuestra economía y en el bienestar de las personas. Existe en el mundo y en el país una grave crisis de confianza en el sistema, en los partidos políticos, en las corporaciones y en los liderazgos tradicionales.

En 2019, antes de la pandemia, el Índice de Democracia publicado por la revista The Economist lo denominó “el año de los retrocesos y las protestas populares”. Este índice mide el estado de la democracia en el mundo, y el año pasado la calificación global fue de 5.4 sobre 10, cayendo en 4 de las 5 categorías.  La única categoría en la que subió fue ‘participación política’ debido a la mayor intervención de la población en procesos electorales y protestas, y el incremento en la desconfianza en gobiernos, instituciones, partidos y políticos. Según diversas investigaciones, este descontento está relacionado principalmente con la frustración económica y la percepción que las élites que participan en la política son corruptos y no les importa los ciudadanos. Es importante resaltar que la frustración económica a la que se refieren las personas no está relacionada a su nivel de ingresos, sino con las oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Curiosamente, esto contrasta con los indicadores en materia económica, que antes de la pandemia indicaban que el mundo nunca había sido más próspero. El PBI había crecido en los últimos 60 años y en el Perú habíamos logrado un desarrollo económico que nos había colocado como una de las promesas de Latinoamérica.

Y es que resulta claro que para generar bienestar no es suficiente el crecimiento económico. Las personas tienen que saber que existe igualdad de oportunidades para mejorar su calidad de vida y, en el Perú, no hemos logrado que la mejora en la economía se traduzca en bienestar para la mayoría de los peruanos.

Democracia, mercado y corrupción

La democracia está basada en que los líderes representan a las personas y todos tienen iguales derechos. Tiene su contrapartida en el mercado como organización económica. Generalmente enfatizamos el sentido competitivo que tiene la actividad económica, pero el hecho es que el sistema de mercado es un método de coordinación social en el que participan diversos actores públicos y privados de manera interdependiente. Es libre, cuando cualquiera puede entrar en igualdad de oportunidades y existe competencia. En él, se espera que sus participantes se comporten de manera ética y mantengan sus promesas, pues de lo contrario su decisión tendrá consecuencias en aplicación de la ley.

Los gobiernos tienen la tarea de garantizar igualdad de oportunidades, supervisar el adecuado funcionamiento del mercado fomentando la competencia, y proveer a la ciudadanía de servicios básicos como educación y salud.  Cuando esto no sucede la corrupción aparece, la riqueza se concentra en ciertos grupos de poder, y las sociedades corren el riesgo de volverse ‘populistas’ o caer en ‘capitalismo clientelista’, en el que el éxito de los negocios depende de una estrecha relación entre los empresarios y funcionarios públicos. Esto deteriora el sistema y destruye la confianza.

En opinión de más del 60% de la población peruana, la democracia sirve para que los derechos de las personas sean respetados, pero, sin embargo, un 85% de nuestros ciudadanos señala que la igualdad frente a la ley se respeta poco o nada en el país. Así, no sorprende que casi el 60% de la población opine que la democracia en el país funciona mal o muy mal, según el INEI.

En el Perú, la democracia ha sido afectada por la creciente influencia del dinero privado en la política y el gobierno. La corrupción, normalizada durante los años de crecimiento económico, deterioró el sistema para todos generando la percepción de que sólo se favorece a los más poderosos, poniendo en duda la ética del sector público y privado.

Es que el sector público y privado forman parte inseparable de un mismo sistema que necesita de ambos para tener éxito, y, por tanto, deben aprender a trabajar juntos por el bienestar de todos. Necesitamos una nueva clase política con auténtica voluntad de priorizar el bien común y un gobierno que garantice igualdad de oportunidades, supervise que exista un mercado con reglas justas y efectivas, y provea a la población de servicios básicos.

Pero el gobierno no está solo; las instituciones democráticas necesitan el respaldo del sector privado para sobrevivir. Generalmente, no se asocia como un rol de la empresa preocuparse por la situación de la democracia, pero el tiempo ha demostrado que preocuparse sólo por el rendimiento económico es un error. Las compañías necesitan replantear su rol en la sociedad y repensar cómo obtendrán los recursos para crecer en el futuro, y no sólo enfocarse en la velocidad del crecimiento, pues no es posible generar ganancias a costa de la supervivencia o la capacidad de sobreponerse del entorno al que pertenecen.

Las explosiones sociales ocurridas evidencian que es crítico recuperar la confianza de la ciudadanía. La crisis de los últimos días debe impulsarnos a salir adelante, comprendiendo que somos parte de un mismo sistema en el que compartimos la responsabilidad de su buen funcionamiento. Tenemos la oportunidad de construir un modelo de sociedad justo e inclusivo, y que estos días generen un cambio real que permanezca en el largo plazo. Si escuchamos la canción “Los patos y las patas” de los Nosequién y los Nosecuántos de los años 90´s, las situaciones de corrupción descritas no son tan ajenas. Es por ello, que no podemos permitir que se disipen en el tiempo, como el botón que cambiamos en una camisa que se cayó y que la próxima vez que la utilizamos, no reparamos en que fue reemplazado. Esta vez debe trascender como las cicatrices en un plato que se nos rompió y fue reconstruido, para recordarnos siempre el Perú que queremos ser.