¿Por qué el Estado no tiene capacidad de gestión?

La COVID-19 continúa causando estragos en el país. Muchos de los problemas que han surgido como consecuencia de la pandemia pudieron haberse abordado de manera mucho más satisfactoria si el Estado tuviera mejores aptitudes de gestión. Se entiende por gestión pública la capacidad para administrar de manera  correcta y eficiente los recursos del Estado, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

La compra y distribución de víveres de primera necesidad, la implementación de camas UCI, la adquisición de equipos de bioseguridad para el personal médico, la entrega de bonos económicos han sido un verdadero dolor de cabeza para las autoridades de todos los niveles de gobierno ¿A qué se debe esto?

El 2013, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM publicó la “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021”. En ella se identifican ocho razones que explican las principales deficiencias de la gestión pública en el Perú. Estas son: i) Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público; ii) Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones; iii) Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos; iv)     Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente; v) Inadecuada política y gestión de recursos humanos; vi) Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades; vii) Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento; y viii) Débil articulación intergubernamental e intersectorial.

Ha pasado casi una década de la publicación de este valioso documento y poco y nada se ha avanzado para resolver las citadas deficiencias. En algunos casos se ha retrocedido. El tema de los recursos humanos es probablemente el más dramático.

En mayo del 2012, SERVIR identificó que en nuestro país existen 15 regímenes laborales en las entidades del Estado. Esta gran cantidad de regímenes es una de las principales razones por la cual nuestra administración pública es desordenada,  desmotivada, lenta, burocrática, y en algunos casos corrupta. Es importante recordar que cada régimen implica distintos derechos y deberes para los servidores públicos. La Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, de julio 2013, fue aprobada con la explícita intención de ordenar el caos de los regímenes laborales dentro del Estado, sin embargo, a siete años de su promulgación poco se ha avanzado. Mención aparte merecen los trabajadores terceros, que ni siquiera fueron incluidos como régimen laboral por SERVIR. En su gran mayoría los terceros cumplen con todas las funciones de los trabajadores dependientes, pero no son reconocidos como tales, ya que emiten recibos por honorarios, es decir están fuera de la planilla del Estado. En los últimos cuatro años el porcentaje de terceros ha subido como la espuma, sin embargo carecen de todos los derechos laborales como CTS, vacaciones, gratificaciones, entre otros. Durante la pandemia se llegó al extremo de tener médicos y enfermeras bajo el régimen de terceros, emitiendo recibos por honorarios para recibir su sueldo.

Ha pasado casi una década desde la publicación de los diagnósticos sobre las debilidades en materia de gestión pública por parte del Estado peruano y los resultados no son nada satisfactorios. La pandemia ha demostrado sin anestesia que es prioritario retomar estos procesos con seriedad y a profundidad. El país requiere de un Estado moderno y eficiente orientado a servir al ciudadano.