La Administración de Donald Trump ha intensificado sus políticas migratorias al considerar ciertos tatuajes como pruebas de afiliación criminal. Esta táctica ha llevado a la deportación de cientos de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, sin una evaluación judicial adecuada.
Tatuajes de uso común, como nombres familiares o símbolos deportivos, han sido utilizados por funcionarios estadounidenses como justificativo para deportar personas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La medida ha provocado una ola de críticas por su carácter arbitrario y por las violaciones a los derechos humanos que implica.
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Para llevar a cabo estas expulsiones, la Administración de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa creada en contexto de guerra, inapropiada para casos migratorios modernos. Esta herramienta legal permitió detenciones sin pruebas sólidas, vulnerando garantías fundamentales. Aunque tribunales federales han cuestionado la legalidad de esta práctica, el gobierno continuó implementando medidas similares, afectando a cientos de migrantes que no han tenido la oportunidad de defenderse.
