El fallo del juez Daniel Traynor, emitido en Dakota del Norte, pone en pausa una política anunciada por la administración Biden que habría permitido a más de 147 000 dreamers inscribirse en planes de salud asequibles bajo el sistema Obamacare. Según el juez, la normativa podría violar leyes federales de 1996 al otorgar subsidios públicos a personas sin ciudadanía estadounidense.
La demanda fue presentada en agosto por un grupo de 19 estados liderados por Kansas y Dakota del Norte, quienes argumentaron que la medida impondría una carga administrativa y económica a los gobiernos estatales. Aunque el fallo es preliminar, ya ha generado incertidumbre entre los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en esos estados.
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Las implicancias del fallo para la cobertura en estados no demandantes
Los dreamers en estados que no participaron en la demanda podrían seguir beneficiándose de la medida de Biden, según expertos legales. Sin embargo, no está claro cómo este litigio afectará a largo plazo la inscripción de estos jóvenes en planes de salud, especialmente si la administración apela la decisión y el caso llega a tribunales superiores.
Organizaciones como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración han calificado la decisión como "errónea y decepcionante". Además, indicaron que continuarán defendiendo los derechos de los beneficiarios de DACA, muchos de los cuales han esperado más de una década para obtener acceso a atención médica vital.
Una batalla legal con posibles repercusiones políticas
La normativa de Biden, finalizada en mayo de este año, consideraba a los dreamers como "presentes legalmente" para fines de inscripción en planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), también conocida como Obamacare. Esto fue visto como un avance significativo en los derechos de los inmigrantes, pero también generó divisiones políticas profundas.
Los 19 estados demandantes, entre los que se encuentran Texas, Florida y Alabama, alegaron que la norma alentaría a más personas a permanecer en el país sin documentos legales. En contraste, otros 19 estados y el Distrito de Columbia respaldaron la medida, destacando la importancia de garantizar acceso igualitario a la salud.
El futuro de esta política podría depender de una decisión judicial definitiva o, incluso, de un cambio en la administración presidencial. La incertidumbre genera preocupación entre los dreamers y sus familias, quienes podrían enfrentar complicaciones significativas si pierden el acceso a la cobertura médica.
El acceso a la salud en el centro del debate migratorio
Mientras el litigio continúa, la administración Biden evalúa los próximos pasos legales, y el fallo del juez Traynor refuerza las divisiones en torno al acceso de los dreamers a servicios públicos. Este caso, además de impactar a miles de jóvenes inmigrantes, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre derechos humanos y leyes migratorias en Estados Unidos.
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