En 2025, Florida ha implementado nuevas leyes migratorias que endurecen las restricciones para los inmigrantes sin estatus legal y refuerzan la cooperación con las autoridades federales. Estas medidas, impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, buscan fortalecer el control sobre la inmigración en el estado y aumentar la seguridad, según sus promotores.
Sin embargo, han generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y la comunidad inmigrante, que temen un aumento en la discriminación y dificultades para quienes residen y trabajan en Florida sin documentos.
Las nuevas normativas incluyen penas más severas para inmigrantes que cometan delitos graves, restricciones en la emisión de licencias de conducir y la obligación de compartir información biométrica con agencias federales.
Además, se activa el programa 287(g), que permite a las autoridades locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. A continuación, te explicamos en qué consiste cada una de estas leyes.
Te recomendamos
Estas son las principales leyes migratorias de Florida en 2025
Una de las leyes más estrictas es la SB 4-C, que establece penas más severas para inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves. En casos como asesinato en primer grado o abuso infantil, incluso se contempla la pena de muerte. Asimismo, esta ley impide que las personas sin estatus legal accedan a programas de desvío, lo que significa que enfrentarán la pena máxima sin opción a reducción de condena.
Además, obliga a las autoridades estatales y locales a compartir información biométrica con agencias federales como ICE, facilitando la identificación y posible deportación de inmigrantes sin documentos.
Otra normativa clave es la SB 2-C, que prohíbe la emisión de licencias de conducir a personas sin estatus migratorio regular. También obliga a los gobiernos locales a cooperar con ICE en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados, estableciendo sanciones para las jurisdicciones que no cumplan con esta medida. Esta ley refuerza el programa 287(g), que permite a los agentes locales actuar como oficiales de inmigración bajo supervisión federal.
Las nuevas leyes han sido duramente criticadas por organizaciones pro inmigrantes, que advierten que podrían aumentar la discriminación racial y dificultar la vida de miles de trabajadores y familias en Florida. Por otro lado, las autoridades estatales defienden estas medidas como una estrategia para garantizar la seguridad y hacer cumplir las leyes migratorias en el estado.
Créditos: Univision noticias | @univisionnoticias
