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por Redacción RPP
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La trata de personas es un delito que afecta directamente la dignidad y libertad de las personas, quienes son explotadas para obtener una ganancia económica. En el país, cada vez se suman más víctimas: se estima que al menos 497 mil peruanas y peruanos se reconocen como víctimas de trata de personas en algún momento de sus vidas, según la encuesta "Percepciones de la trata de personas en el Perú en 2022" realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) por encargo de CHS Alternativo.
Aunque las cifras son abrumadoras, contrastan profundamente con el número de denuncias registradas por el Ministerio Público, que en los últimos siete años contabilizó poco más de 8 800 casos. Esto se debe, entre otras cosas, a que nuestro país todavía enfrenta dificultades y trabas para investigar, fiscalizar y sancionar los casos de trata de personas; y que los canales de denuncia están limitadamente promocionados.
Las herramientas, los recursos y la capacidad de organización con los que cuentan los operadores de justicia en el país son limitados en comparación con las poderosas y bien organizadas mafias detrás de este delito. Esto dificulta la capacidad de detectar, procesar y enjuiciar a los responsables, así como determinar la reparación civil para la reintegración de las víctimas.
¿Qué está haciendo el Estado para avanzar en la lucha contra este delito? ¿Cuál es el presupuesto y cómo se usa? ¿La rendición de cuentas es una opción o una responsabilidad? Sobre esta última pregunta, la Ley 29918 declara el 23 de septiembre como el “Día nacional contra la trata de personas” y establece la obligación del presidente del Consejo de Ministros, del Ministro del Interior y de la Ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables de informar al Congreso de la República sobre las medidas para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas; sin embargo, desde el 2016, este requerimiento legal no se ha cumplido.
Como ciudadanos, tenemos derecho a esas respuestas y a exigir que las autoridades cumplan con crear políticas públicas adecuadas para el manejo de este delito y de rendir cuentas sobre la implementación de las mismas.
Avances y situación actual del país frente a la trata de personas
La trata de personas afecta diversos derechos fundamentales de la persona, como la libertad, la vida, pero sustancialmente la DIGNIDAD. En Perú, se registraron más de 2 600 víctimas de trata de personas durante el 2021, según estadísticas de las fiscalías especializadas.
El Estado peruano ha trabajado en el abordaje de este delito desde el aspecto normativo desde el 2007, que entró en vigencia la Ley Nº 28950; Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, la cual permitió y facilitó la detección de mafias de tratantes de personas, además de establecer medidas a favor de las víctimas.
Dicha ley dispuso que la venta de niños, mendicidad, explotación sexual y laboral, así como la extracción o tráfico de órganos, sean tipificados como delito de trata de personas, por lo que pueden ser sancionados con hasta 35 años de cárcel.
Se ha tenido avances en el año 2021 en el que se aprueba la Ley N° 31146 que modifica el Código penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950 y reubica el delito de trata de personas en el capítulo de delitos contra la dignidad humana. De igual forma, ese mismo año se aprobó el Decreto Supremo 009-2021-IN que aprueba la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030.
El 47% de los encuestados señala que el Gobierno y sus ministerios y dependencias deberían ser más activos en la lucha contra la trata de personas - IEP por encargo de CHS Alternativo
Fiscalización, sanciones y escaso presupuesto
En cuanto a la fiscalización, se necesita hacer más énfasis en las zonas de mayor riesgo de trata de personas, con el involucramiento de los gobiernos subnacionales. Actualmente, los lugares con más casos son Lima, Loreto, Puno, Madre de Dios y Tacna, respectivamente, según datos del INEI (2021) registrados en el documento “Estadísticas de Trata de Personas, 2015-2020”.
Si hablamos de las sanciones, el Código Penal peruano indica que la pena por trata de personas puede variar entre un mínimo de 8 y hasta más de 25 años de pena privativa de libertad, según sus agravantes. A pesar de esto, en el Perú la trata de personas es un delito que tiene alta impunidad.
Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, nos expica en este video los factores que condicionan la trata de personas:
Valdés recuerda que “solo 7 de cada 100 casos de trata de personas tienen sentencia condenatoria (…) a lo que se suma la corrupción generalizada y la alta tolerancia ciudadana”. Esto también es percibido por los ciudadanos, pues el 49 % cree que las personas que han cometido el delito no son sancionadas, según el IEP.
A pesar de algunos avances, el Estado todavía tiene el constante desafío de invertir más recursos para abordar integralmente este problema público y crear políticas más adecuadas y centradas en la víctima. Se requiere de un presupuesto amplio que permita abarcar no solo la investigación, sino también la prevención, atención y soporte para las víctimas. Lamentablemente, el Estado peruano cuenta con un escaso presupuesto para atender la problemática.
De acuerdo con Valdés, “el Plan Nacional Contra la Trata de Personas que estuvo vigente hasta el año 2021 tuvo un presupuesto de apenas 20 centavos de sol por persona al año para financiar la persecución, protección de víctimas y prevención del delito”. Sin duda, una cifra que nos pone en absoluta desventaja como país para enfrentar las raíces de este crimen.
74 % de encuestados señala que el Gobierno debe hacerse cargo de brindar todos los servicios a las víctimas de trata de personas luego de su rescate – IEP por encargo de CHS Alternativo
¿Cuál es la situación de los servicios de atención para las víctimas y cómo mejorarlos?
Tal como señalan el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación en el documento “Protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas” (2019), el abordaje a la víctima tiene que realizarse respetando su dignidad, derechos humanos, confidencialidad y honestidad, siempre con perspectiva de género, interseccionalidad y con solvente capacidad técnica y profesional.
En los últimos años se ha mejorado la defensa pública y la atención en salud mental, pero todavía hay mucho que hacer. Por ejemplo, los servicios de reintegración no llegan a ser efectivos ya que no hay programas específicos para víctimas de trata de personas ni hay estrategias para darles un seguimiento sostenido, es decir, aún no se reportan los casos de éxito.
En el documento “Buscando justicia. Trata de personas, violencia y explotación: 40 testimonios”, CHS Alternativo concluye que no basta con contar con protocolos y tener algunos funcionarios comprometidos, sino que es necesario un cambio de paradigma para la atención de la población en condiciones de riesgo que no cuenta con recursos para protegerse.
Para mejorar el trato a las víctimas se necesita invertir en una mejor educación en el tema, en crear un sistema de protección seguro para las víctimas y sus familias y en capacitar mejor a los operadores que las atienden para que lo hagan con un enfoque centrado en ellas.
Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, indica que es vital escuchar a las víctimas para tomar medidas adecuadas que eviten su revictimización. “Ellas perciben que la violencia se presenta tanto en la interacción que tienen con sus victimarios, como en la interacción que tienen con el Estado y luego con la ciudadanía, lo que les genera impacto y dolor en el proceso de recuperación”, comenta.
Otras acciones pendientes de trabajar son la reparación civil a las víctimas y la formulación de normativas para que tengan acceso a oportunidades educativas, programas sociales, laborales y de asistencia económica.
Otras barreras que impiden erradicar la trata de personas
Desde trabas para concretar la investigación y el rastreo de casos y víctimas, hasta dificultades para fiscalizar y sancionar a los responsables, son algunas de las barreras que existen para erradicar este crimen. Para tener un panorama más amplio sobre lo que falta trabajar, aquí resumimos algunos de los principales problemas alrededor de este delito:
Falta de concientización en la población
El 61 % de personas en el país no conoce el delito de trata de personas o tiene una definición incorrecta del mismo, según el estudio del IEP. La falta de conocimiento del delito impide que luego pueda ser identificado y denunciado.
Otro punto es que actualmente existen nuevos medios de captación virtual, por ejemplo, se captan víctimas a través de falsas ofertas laborales en redes sociales. Es necesario que los ciudadanos, la policía y los operadores que atienden a las víctimas sean conscientes de esto para que brinden ayuda oportuna y estén atentos a las señales de alerta.
Falta de un registro único que unifique las cifras de trata de personas
Pese a que el delito de trata de personas se ha extendido y agudizado a causa de la pandemia por el COVID-19, a la fecha el Perú aún no cuenta con un registro único de víctimas y denuncias de este delito. Esto provoca que diversas instituciones del Estado como el Ministerio Público y el Ministerio del Interior tengan información diferente, lo que impacta en las formas de prevención, atención y sanción de este delito.
A la fecha no hay información real de la situación de las víctimas de trata de personas en el país. “Lo que ocurre es que no existe un registro único que revele cómo estas cayeron en manos de los tratantes y los fines de su explotación, pero, sobre todo, qué pasó con ellas una vez que fueron rescatadas”, asevera Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.
Si bien el Ministerio Público cuenta con el Sistema de Gestión Fiscal (SGF), en el cual se registran los casos en investigación y se les asigna un número, este sistema informático no contiene información detallada o no siempre se realiza un registro adecuado, según datos del “Informe de análisis n°5 de La respuesta del Ministerio Público frente al delito de trata de personas”.
Falta de difusión de los canales de denuncia del delito
Ante el desconocimiento de la población sobre este delito, ya que muchas personas no saben por qué medios denunciar ni la ruta que seguirá la misma, CHS Alternativo, con el apoyo de USAID, ha elaborado la “Guía amigable para sobrevivientes de trata de personas”, que permite guiar a las personas que quieren denunciar este delito. Puedes acceder a ella haciendo clic aquí.
¿Dónde denunciar?
Si se opta por una denuncia presencial, se puede hacer en la comisaría o Fiscalía más cercana. Debes saber que los efectivos de la PNP se encuentran en la obligación de recibir tu denuncia y prestar su apoyo para encontrar refugio seguro para la víctima. También puedes denunciar de manera gratuita, anónima y confidencial llamando a la línea 1818 del Ministerio del Interior.
Para mayor información y orientación en la denuncia puedes escribir a atencion@chsalternativo.org o comunicarte al Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo al número 945 092 929. También puedes comunicarte al número de Lima, 992 013 265, en Loreto al número 995 290 010, en Cusco al número 914 456 192, en Puno al número 958 538 030 y en Madre de Dios al número 982 332 804.
Si conoces un caso, no dudes en denunciarlo. La trata de personas es explotación humana. Desde CHS Alternativo, USAID y RPP, la combatimos.
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Para mayor información, puedes consultar estos recursos:
Guía Amigable para Sobrevivientes de Trata de Personas
https://chsalternativo.org/wp-content/uploads/2015/12/GUIA-AMIGABLE-CHS-ALTERNATIVO_baja.pdf
Infografías de la Encuesta de percepciones de la trata de personas en el Perú en 2022 (IEP para CHS Alternativo)
Infografía: Proceso de denuncia de casos de explotación humana
https://drive.google.com/file/d/1-qHMwJWjXffeZt-u8qOICvT9YfgtkD0H/view
¿Cómo funciona la trata de personas?
https://chsalternativo.org/publicaciones/como-funciona-la-trata-de-personas/
El intento de las víctimas y sus familias por acceder a la justicia. Trata de personas, violencia y explotación: 40 testimonios
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