Gran Chaco argentino: la batalla por la subsistencia del segundo bosque más extenso de Sudamérica

Todo lugar atraviesa momentos clave que determinan lo que vaya a ocurrir en el futuro. El Gran Chaco argentino no es la excepción. Los castigados 600 000 kilómetros cuadrados de esta provincia biogeográfica (el 60 por ciento del Gran Chaco Americano que se extiende también por Bolivia, Paraguay y Brasil) asisten con el mismo estupor que el resto del mundo a la pandemia de Covid-19. Sin embargo sus habitantes, con mayor o menor grado de conciencia, saben que la “normalidad” regresará y pondrá en juego la supervivencia o la desaparición del segundo bosque más extenso e importante de Sudamérica.

Durante el último año, Mongabay Latam ha publicado una extensa serie de artículos para dar a conocer las diferentes realidades que conviven en un territorio que, pese a su amplitud, de alguna manera se ha mantenido alejado del interés general. Desde historias que muestran la abrumadora riqueza de especies y la variedad de ecosistemas del Gran Chaco argentino, hasta el impacto en todas sus formas en los cada vez más reducidos bosques nativos. La deforestación sin controles efectivos, el avance imparable de la frontera agroganadera, la contaminación por agrotóxicos, la necesidad de un manejo eficiente de los recursos hídricos, la fragmentación que condena al aislamiento a las áreas naturales protegidas o el retraso en el desarrollo de las comunidades rurales evidenciaron la necesidad de aumentar la atención sobre un espacio vital para el continente.

¿Qué futuro le depara a este ecosistema? La reactivación económica tras la pandemia del COVID-19 es vista como una oportunidad por científicos, ambientalistas y habitantes de la ecorregión, quienes consideran que es momento de virar hacia un desarrollo sustentable y más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, la lista de problemas por atender es amplia y todos los caminos conducen a conservar los bosques nativos que siguen cayendo.

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Los árboles perdidos

“El monte cambió mucho desde que yo era chico”, recuerda Rodrigo Soraire, que nació y pasó toda su vida en el Paraje Dorrego, a una veintena de kilómetros de la entrada al Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco. “Y lo peor”, dice, “es que en nuestra zona no fue ni por cultivos ni por ganado. Nosotros mismos lo tumbamos. En 1999 nos ofrecieron pagar con la madera de los algarrobos los títulos de propiedad de las tierras y aceptamos. Hoy me arrepiento de haberlo hecho”. En algunos casos, narra Soraire, lo hicieron empujados por las autoridades, aunque la mayor parte del tiempo por empresarios y  nuevos dueños de las tierras. Los campesinos e indígenas que habitan el bosque son los testigos directos y principales perjudicados de un tsunami que alteró su ambiente y sus vidas en los últimos 25 años.

Un informe dado a conocer hace dos meses por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible da cuenta del nivel de la deforestación en el Gran chaco argentino: 5,85 millones de hectáreas entre 1998 y 2018, de los cuales poco menos de la mitad ocurrió a partir de 2008, tras la aprobación de la Ley 26.331, o Ley de Bosques, que apenas logró disminuir la tala indiscriminada de quebrachos colorados y blancos o algarrobos. Ni las limitaciones de la pandemia lograron frenar el trabajo de topadoras o bulldozers. Según los datos obtenidos a través de imágenes satelitales por la organización Greenpeace, entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de 2020 se perdieron 35 000 hectáreas de bosques nativos en la ecorregión.

“Estamos en pleno proceso de revisión de algunos aspectos de la ley”, subraya Juan Cabandié en diálogo con Mongabay Latam. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde diciembre de 2019, sabe que la tarea no es sencilla y tiene sus riesgos. “Hay falta de voluntad en algunos gobiernos locales y voracidad en ciertos sectores productivos”, asegura, “pero no necesitamos un dedo acusador sino diálogo, consenso y buscar soluciones”.

La implementación de la norma legal es motivo de discusiones permanentes y cada sector implicado esgrime sus propios argumentos. Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia del Chaco, asume su rol de voz institucional: “Se nos reclama permanentemente a las provincias, pero no existe el mismo volumen de reclamo para que los legisladores nacionales incluyan dentro de los presupuestos anuales los fondos que según la ley deberían girarse para prevenir y controlar los desmontes (deforestación)”. Los dueños de campos con los que habló Mongabay Latam, por otro lado, cuyos bosques están calificados en zona roja (prohibición total de deforestación) o amarilla (con actividad productiva limitada a ciertas condiciones) denuncian que los fondos que compensen su esfuerzo de conservación nunca llegan.

La Constitución nacional faculta a las provincias a regular las normas nacionales dentro de sus jurisdicciones, lo cual permite que cada cual la haga cumplir a su modo.

“En algún momento había que frenar lo que estaba ocurriendo porque se hicieron muchos desastres, antes pero también después de la sanción de la ley, pero creo que los extremos no son buenos. No se trata de no tocar nada, debe haber alternativas productivas a medio camino”, señala Pablo Poncio, ingeniero agrónomo de La Media Legua, una finca ganadera cercana a Juan José Castelli (Chaco).

Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, entiende sin embargo que el fondo del problema es otro: “La gente no tiene conciencia sobre el daño que produce. Si están autorizados se apuran a desmontar por miedo a que después se lo prohiban. Hay que cambiar la forma de pensar, que se entienda el rédito ambiental que brinda conservar los recursos del bosque. Desmontar ‘por las dudas’ no genera trabajo ni producto, no le sirve ni al ambiente ni a nadie”.

El citado informe del Ministerio de Ambiente indica que entre 2010 y 2017 se deforestaron 2,1 millones de hectáreas para destinarlas a la producción agropecuaria. Sin embargo, 1,1 millones de hectáreas fueron abandonadas en el mismo período. “Esto demuestra que el modelo productivo que promueve los desmontes puede ser rentable por un tiempo pero carece de sostenibilidad”, concluye Cabandié.

El Ministerio impulsa cambios ambiciosos: prohibir totalmente la deforestación, modificar el monto y la forma de distribuir los fondos asignados a provincias y particulares para estimular la conservación de los bosques, y reconocer a campesinos y pueblos originarios como destinatarios directos de parte de los mismos. Desde los sectores ambientalistas se cree que es una medida arriesgada. “En 2007, cuando se estaba regulando la ley, se dio el pico de deforestación porque muchos propietarios se adelantaron a deforestar a gran escala”, recuerda Matías Mastrángelo, doctor en Biología por la Universidad de Mar del Plata e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Aquello se dio cuando no existía normativa regulatoria. Hoy es distinto: la Ley de Bosques está vigente”, opina el ministro Cabandié.

La labor incesante de topadoras y motosierras ha trastocado completamente el paisaje. Mempo Giardinelli, escritor y conocido periodista chaqueño, lo narra desde su propia experiencia: “Cada vez que voy al Impenetrable [nombre histórico que recibe el monte chaqueño] me desespera cruzarme con los camiones que vienen del interior del bosque cargando rollizos de quebracho y algarrobo. Uno ve monte a los dos costados del camino, pero son líneas de árboles de 80 o 100 metros de ancho. A partir de ahí han limpiado todo”, se lamenta quien desde la Fundación que lleva su nombre apoya las acciones que intentan frenar la devastación.

Donde crecían los espinillos del Chaco seco hoy brotan pasturas megatérmicas resistentes a temperaturas de 50 grados centígrados que alimentan el ganado vacuno. Hacia el sur, donde las condiciones climáticas son menos duras, se extienden inmensos campos de soja o maíz.

Una activa industria forestal agrega su importante cuota de deforestación anual, no siempre dentro de los límites legales. “Ni los aborígenes ni los criollos tienen la fuerza o el poder para resistir la presión y frenar la destrucción. Venden la madera —o la regalan— porque no pueden enfrentarse a los intereses empresariales”, se lamenta Jorge Collet, integrante de la Junta Unida de Misiones, entidad defensora de los derechos de los pueblos originarios.

Ni siquiera el Covid-19 ha logrado disminuir el avance de las topadoras. Desde las anchas pistas abiertas en marzo en el sector formoseño de la finca La Fidelidad, frente al Parque Nacional El Impenetrable, hasta el desmonte de un centenar de hectáreas en un bosque situado en Miraflores (Chaco) en zona amarilla e incluido en el corredor biológico del Chaco seco a finales de septiembre, la deforestación nunca entró en cuarentena.

El artículo original fue publicado por Rodolfo Chisleanschi en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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